Redadas de indocumentados: ¿por qué ahora?
Publicado en La Opinión, 06/16/2004
Desde el 4 de junio, una nueva y pequeña unidad móvil —o más— de la Patrulla Fronteriza con sede en la estación de Temécula ha estado patrullando centros urbanos con mayoría de población latina como Ontario, Corona y Escondido, efectuando más de 400 detenciones de inmigrantes indocumentados en las calles, a 130 millas de la frontera, en un nuevo sistema de “garitas internas”. Numerosos informes no corroborados y negados por fuentes del gobierno apuntan a acciones similares en otros centros, como Pasadena, San Fernando, Riverside, Long Beach, San Bernardino, Santa Ana, Corona, Pomona y Huntington Park.
¿Con qué objeto se llevan a cabo los operativos? ¿Por qué ahora? ¿Hasta cuándo durarán? ¿Se ampliarán los procedimientos o son pasajeros?
La reacción —protestas de miles, manifestaciones de apoyo por elementos antiinmigrantes e incluso una censura del presidente mexicano Vicente Fox— es un fiel indicativo del choque que las operaciones causaron, porque inciden en la vida de millones de inmigrantes sin papeles y de toda la comunidad latina del país.
Las autoridades niegan que se trate de redadas, palabra que sugiere cazas al azar, o que la motivación sea intimidar a la población de inmigrantes indocumentados. Por lógica, el pánico es contraproducente para los propósitos de la Patrulla Fronteriza, ya que lleva a que la población blanco de las búsquedas se oculte y evada las pesquisas.
Profunda ansiedad
Es palpable la profunda ansiedad entre los inmigrantes latinos, temerosos por su suerte personal.
“Las calles de Ontario están desiertas”, dijo a La Opinión ayer una activista.
“El swapmeet de Chino ha estado vacío”, dijo a un reportero una residente de Fontana, “la Patrulla estuvo haciendo arrestos allí, había un corredero de gente”.
“Aquellos que no han regularizado su condición migratoria deben saber a lo que se exponen”, respondió a este rotativo Raúl Villarreal, vocero de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) desde Washington, quien agregó que estos operativos “han sido muy exitosos y seguirán”.
El gobierno habla de una injustificada reacción del público a lo que denomina acciones de rutina. De ello responsabiliza a “algunos medios, que reportaron información errónea, causando que la gente lo malinterprete”.
“Algo así causaría pánico en cualquier comunidad”, comentó Villarreal, quien nació en Huejucar, Jalisco y llegó a Estados Unidos —legalmente, enfatiza— en 1982. El portavoz rechazó el uso de la palabra redada, o de frases tales como “están peinando el área” y lo acusó de amarillismo. “No nos estamos enfocando en la comunidad, ni en las iglesias”, afirmó. “Es que muchos coyotes se camuflan [mimetizan] en la comunidad, y es allí donde tenemos que buscarlos”, dijo.
Reacción poderosa
Especialmente causó preocupación la posibilidad de una cooperación entre las policías locales y “la migra”, y las denuncias de que los detenidos fueron seleccionados mediante un método de perfil racial, según el color de su piel. Héctor Villagra, consejero del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), expresó su consternación con la posibilidad de que “los derechos de los individuos y su libertad se haya violado, debido a investigaciones sin razón”, y Tenoch Flores, portavoz de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), indicó que “vamos a investigar qué fue lo que pasó, si, en efecto, se violaron los derechos de ciudadanos o de residentes”.
Por otra parte, nadie negó que las actividades son básicamente legales y el organismo federal está cumpliendo con su cometido. La Patrulla Fronteriza anunció que si sus agentes cometen abusos, éstos pueden ser reportados a sus oficinas regionales, o al teléfono 619-216 4182.
Llama la atención la potencia e intensidad de la reacción por parte de la comunidad inmigrante. El domingo 13 y llamados por 20 organizaciones, más de ocho mil personas manifestaron en Ontario, 1,500 en Pomona, contra las detenciones.
¿Qué pasa?
En la estación de la Patrulla Fronteriza en Temécula, una unidad autónoma con un personal de 140 personas, se formó hace pocos meses un Grupo Móvil de patrullaje errante, compuesto por 10 agentes y dos supervisores, todos ellos experimentados, con el objeto de realizar este tipo de acción en base a información confidencial, para hacer cumplir la ley migratoria y específicamente con los coyotes en la mira.
La creación de la unidad no fue acompañada por una asignación presupuestaria específica y diferenciada, sino que se movilizó para ello personal normalmente asignado a otras funciones.
El cambio, pues, se debió al inicio de las actividades por parte de esta nueva unidad. La estación en Temécula tiene un radio de acción de tres mil millas cuadradas, incluyendo su jurisdicción el condado de San Bernardino.
¿Por qué ahora?
En 2003 causó una controversia similar un operativo contra indocumentados que esperaban turno para solicitar la matrícula consular frente al Consulado de México en San Diego. Este tipo de acciones fue limitado mediante un memorándum por William Veal, en ese entonces jefe del sector y ya jubilado, pero al poco tiempo el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, William Bonner, anuló esta limitación. La Patrulla Fronteriza canceló así, en agosto, una política de cuatro años que limitaba arrestos más allá de la frontera.
El nombramiento de David Aguilar, de Tucson, Arizona, como nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza el mes pasado, fortalece un cuadro de revisión de procedimientos y selección de nuevas tácticas.
Este es el trasfondo formal de los procedimientos actuales.
Para algunos activistas, las “redadas” responden a objetivos políticos. Señalan que en Ontario es donde se concentró el apoyo a las licencias de conducir para indocumentados. Allí se creó el grupo que organizó un paro económico latino en diciembre pasado. Y allí comenzaron los operativos, una causalidad que Villarreal niega terminantemente.
Otra versión apunta a que los operativos son parte de un cuadro más amplio.
En este contexto, la cantidad de deportaciones anual llegó al millón y sigue aumentando el número de muertes en el intento del cruce, lo que contribuye a una percepción de que la situación está —para las autoridades fronterizas— fuera de control y que se debe incurrir en tácticas poco utilizadas.
Recientemente, Washington dio a conocer detalles de un plan de “repatriación” directa a ciudad de México y a Guadalajara. Además, en el tramo de la frontera más transitado por indocumentados —en la zona de la nación india Tohono O’odham, en Arizona— iniciaba en estos días una escalada en la cantidad de recursos humanos y financieros aplicados por las autoridades para reducir la cantidad de cruces.
¿Hasta cuándo?
Villarreal dice que las operaciones van a continuar, “porque son parte de nuestra misión”. Pero más significativo es saber si se expandirán a otras regiones, y si esto es un plan piloto y el inicio de una política de presencia permanente de la policía migratoria en los centros de población latinos.
Si así lo fuera, podría tratarse de un cambio profundo en la actitud hacia los indocumentados, capaz de generar reacciones del liderazgo político latino e incluso de incidir en la campaña presidencial al convertirse en tema de campaña.
Finalmente, la Casa del Migrante en Tijuana anunció que la mayoría de los inmigrantes deportados que pasaron por sus puertas la semana pasada ya habían buscado la forma de regresar. Otros, que se negaron a la deportación voluntaria, confrontan un procedimiento judicial en Estados Unidos.
