Mejora situación de acusados en Operación Tarmac
Publicado en La Opinion, 10/04/2002
El gobierno federal accedió a modificar las acusaciones contra la mayor parte de los inmigrantes indocumentados detenidos en redadas en aeropuertos durante la Operación Tarmac en agosto. En lugar de acusarlos de una serie de delitos, que conllevarían años de prisión en caso de ser hallados culpables, la procuradora federal Debra Yang ofreció esta semana a los representantes de los inmigrantes indocumentados la posibilidad de llegar a acuerdos en los que imputaría a las personas de cargos menores en lugar de delitos.
«Se trata de un cambio muy importante para las posibilidades de esta gente de regularizar su situación migratoria», dijo Kenly Kiya Kato, abogada de la Oficina del Defensor Público Federal, a La Opinión. «Porque a menos que los acusados tengan una condena anterior, ésta no pesará en sus posibilidades de ver aprobada una solicitud de residencia».
Según Kato, de las 104 personas arrestadas en las redadas, 13 de los casos fueron anulados, en tanto que el resto, con la excepción quizás de 17, se convertirán en casos menores.
Veinte de las 104 personas mencionadas, por otra parte, no han podido ser localizadas por las autoridades y posiblemente sus rastros hayan desaparecido, dijo Thom Mrozek, portavoz del procurador federal para el Distrito Central de California, a La Opinión.
Según Mrozek, el cambio en la gravedad de las acusaciones se debió a que «hemos escuchado las opiniones de varios abogados defensores y miembros de la comunidad acerca de casos individuales», y llegamos a esa conclusión. Dijo desconocer que existiera algún tipo de cabildeo o intento de influenciar en la decisión y recalcó que ésta fue «tomada dentro de estas oficinas, con base en la ley y en nuestras inquietudes respecto a cada caso».
La semana pasada, Kato y uno de los abogados defensores de los inmigrantes se presentaron ante un grupo de legisladores californianos para pedir su ayuda en el caso.
La Oficina del Defensor Público, en un paso poco característico, estableció contacto con los medios de comunicación y realizó cabildeo entre legisladores californianos y líderes latinos con el propósito de que éstos presionen para mejorar la situación de los detenidos.
«En este momento son dos, según creo, las personas aún tras las rejas. El resto no están arrestadas y están enfrentando tribunales civiles o de inmigración», dijo Kato.
La Operación Tarmac fue una serie de redadas organizadas a lo largo de un período de nueve meses realizadas por el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), con el apoyo logístico de la Oficina del Seguro Social, el Departamento de Transporte, el Servicio Secreto, el Alguacil Mayor del Condado y la policía de los aeropuertos específicos donde se llevó a cabo. Su propósito fue reducir el acceso no autorizado a los aeropuertos a personas que podrían significar, según sus promotores, un riesgo a la seguridad.
El INS revisó los antecedentes de más de 200 mil personas en cien aeropuertos del país. En California, se examinaron más de 42 mil expedientes en cinco aeropuertos: LAX, John Wayne, Ontario International, Long Beach y Palm Springs. En ellos, fueron halladas un total de 104 personas que utilizaron identificación falsa para trabajar en sitios de alta seguridad: 46 en LAX, 51 en John Wayne, seis en Ontario, una en Long Beach y ninguna en Palm Springs. De los 104, 81 fueron arrestados y derivados a tribunales criminales o de inmigración.
El acuerdo propuesto por el gobierno ahora no conlleva penas de prisión efectiva sino de supervisión durante un año, dijo Kato, a menos el acusado ya haya sido convicto de felonías en el pasado. A diferencia de otras ciudades en las que los fiscales federales trabajan en colaboración con el INS y la persona puede ser aprehendida y deportada incluso después de terminársele el caso, Mrozek negó tal cooperación en esta región.
