Indocumentados rechazan cargos criminales
Publicado en La Opinión, 10/01/2002
Con Jorge Luis Macias
En Los Angeles tuvo lugar ayer una reunión de familiares de los arrestados en agosto por autoridades federales en el marco del operativo Tarmac. El mismo, con la justificación de la lucha contra el terrorismo, llevó a la encarcelación de más de cien trabajadores indocumentados en puestos de comida rápida de los aeropuertos de California, casi todos ellos latinos, y su acusación de uso criminal de números de Seguro Social falsos, lo que podría conllevar penas de muchos años de cárcel.
La abogada de inmigración Jessica Domínguez dijo a La Opinión que en la reunión a la que concurrieron unas 40 personas, se estudió una oferta del gobierno federal para que algunos acepten una falla menor en sus archivos personales.
«Por lo general, a las personas que encuentran trabajando con Seguro Social ‘chueco’ las echan del trabajo. Es injusto que a esta gente trabajadora, en cambio, los acusen de delitos que conllevan cárcel», dijo el abogado Luis Carrillo, que defiende a varios de los acusados, a La Opinión.
El gobierno exigió que la mayoría de los 104 casos –para menos de 10 de los cuales los cargos fueron desechados– se declaren culpables de felonías, y había anunciado a los abogados defensores y a la oficina del Defensor Público federal que ayer era la fecha límite para aceptar sus respuestas.
«Aún no hemos decidido sobre la mejor opción para estas personas», dijo Domínguez, aunque advirtió sobre las consecuencias que podría tener en cada caso la aceptación o negación específica de los cargos criminales que se les imputan.
«Necesitamos más tiempo para estudiar los casos», agregó Domínguez, quien representa a la familia de un trabajador en el aeropuerto de Los Angeles. «Incluso a quienes acepten el delito menor se les está imputando un período de cárcel».
La fiscal federal Debra Yang reconoció que los individuos detenidos en cinco aeropuertos del Sur de California, no tienen afiliación con ningún grupo terrorista, aunque dijo que algunos de ellos tienen antecedentes criminales.
«Sólo esperamos que estas personas vean la luz al final del camino», subrayó Reina Schmitz, coordinadora de apoyo a los detenidos por parte del Sindicato de Trabajadores de Limpieza del condado de Orange. «Todos los trabajadores desplazados están preocupados por su futuro, y a veces, son presionados por los abogados para que acepten una parte de culpabilidad».
El jueves, la abogada Kenly Kiya Kato, de la oficina del Defensor Público Federal, solicitó a un grupo de legisladores y abogados mexicoamericanos que pidieran a la fiscal federal dar a la defensa más tiempo para prepararse.
«Esta acción federal puede influir en el futuro migratorio de esta gente», dijo Kiya Kato a La Opinión. «Muchos de ellos tienen solicitudes de inmigración o pedidos de amnistía pendientes. Si son hallados culpables, no tendrán posibilidad de emigrar».
«No solamente apoyo la petición de la abogada», dijo la senadora Martha Escutia, «sino que voy a promover una acción del grupo latino al respecto».
Trabajar honradamente
«Mi hijo no es ningún criminal», dijo a La Opinión María Eugenia Hernández, cuyo hijo Humberto Labra, de 50 años, enfrenta un probable proceso de deportación por haber empleado un número de Seguro Social falso para trabajar en el aeropuerto John Wayne.
«Sufre de hipertensión y taquicardia», dijo la afligida madre. «Humberto sufrió un ataque cardiaco hace algunos años; él es el único que cubre la educación de mi nieta Priscilla». En el año 2000, la esposa de Humberto Labra falleció como consecuencia de una trombosis.
«No puede ser que trabajar honradamente sea considerado un crimen. Si así lo fuera, todos los seres humanos estaríamos encarcelados», indicó Priscilla, estudiante de preparatoria en México, Distrito Federal. «No es justo que traten a mi padre como un terrorista».
Arrestos múltiples
En la redada del 22 de agosto, en el Aeropuerto Internacional de Los Angeles (LAX), fueron detenidas al menos 83 personas por parte del INS y otras 51 en el Aeropuerto John Wayne de Santa Ana. Otras fueron arrestadas en el Aeropuerto Internacional de Ontario (seis arrestados), el Aeropuerto de Long Beach y en el Aeropuerto Regional de Palm Springs.
Los empleados que no se encontraban en el trabajo, fueron arrestados en sus propios hogares, por parte de agentes de Inmigración y alguaciles federales. Fueron instruidos de cargos en el tribunal federal del edificio Edward Roybal, en el centro de Los Angeles, y aunque muchos de ellos salieron libres bajo palabra o fianza, después pasaron a custodia del INS por violaciones migratorias, de acuerdo con Thom Mrozek, portavoz del Departamento de Justicia en Los Angeles.
