Es cada vez más difícil

18 de agosto de 2008

Una de las más tristes distinciones de Los Ángeles es la de ser la capital de los falsos abogados y notarios de inmigración que durante años engañaron a muchos miles, prometiendo “arreglar” sus papeles para luego dejarlos a la deriva o peor, a merced del escuadrón de deportación.

A esta redacción llegan cada semana cartas de lectores enfurecidos preguntando por sus alternativas luego de que uno de esos abogados les dio un servicio tan descuidado que llevó a que un juez migratorio le rechazara el caso o porque simplemente “desde que le pagué no hizo nada”.

Se trata de gente que o bien es absolutamente ineficiente, o no tiene escrúpulos y sólo le interesa el pago que lograron sacar al inmigrante desesperado o su familia. Generalmente, son ambas cosas a la vez.

Pululan. Cada vez que en el horizonte político aparece la posibilidad de un cambio migratorio, aparecen con sus avisos, prometiendo lo que no pueden dar, atrayendo erróneamente con sus promesas de rápida legalización y relativamente bajas tarifas.

Afortunadamente para sus vícuando sobreviene el fracaso ya anunciado de sus así representados, ctimas, existe un último recurso: acudir a los especialistas, los abogados reales, los de calidad, los profesionales de inmigración y apelaciones, para que estos les ayuden a salir del atolladero y a revertir sus órdenes de deportación.

Esta ha sido por años una puerta de salvación.

Cuando los abogados correctos toman los casos, piden a la Oficina de Apelaciones Migratorias (BIA) su reapertura basándose en la pésima actuación del primer abogado, que equivale a no tener defensor. Esta oficina, que revisa las decisiones de los jueces de inmigración, ha reconocido históricamente este derecho con base en la defensa ineficaz, aunque con numerosos requerimientos y limitaciones en los que el indocumentado debe demostrar que su caso fue perjudicado por la inefectividad de su abogado.

“Durante años representé a clientes en la reapertura de estos casos, a veces lográndolo por parte del juez o de la BIA”, dice Aggie Hoffman, abogada de inmigración.

Pronto, las cosas podrian cambiar.

Hoffman pidió al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito la reapertura del caso de un inmigrante mexicano de la zona de Los Ángeles a quien ella representa. Su abogado inicial habló menos de 30 minutos con él, dejando el resto para sus secretarias, y no apareció en la primera audiencia pese a que ya se le había pagado. También ignoró los posibles daños emocionales y psicológicos que los hijos del inmigrante sufrirían de ser deportado, enfocándose sólo en cuestiones médicas. Un juez ordenó la deportación.

La abogada presentó su apelación, como hizo otras veces, basándose en la ineficiencia de su antecesor.

Pero esta vez, la respuesta del gobierno constituyó en argumentar que en los casos de deportación (o “remoción”) no existe el derecho constitucional a una defensa, ya que no se trata de un caso criminal, por lo que no es válida la apelación basada en la calidad de esta defensa.

Finalmente, la semana pasada el secretario de Justicia, Michael Mukasey, emitió un memo, cuya copia obra en manos de La Opinión, en el que afirma estar reconsiderando todo el tema del derecho a defensa de un demandante en un caso de inmigración.

Mukasey pidió opiniones de los casos interesados y no será hasta dentro de varios meses que emitirá su decisión. Hasta entonces, los casos fueron congelados.

“Es una instancia más en la que el gobierno obstaculiza la vía para procedimientos legales para detener la deportación de las víctimas de consultores y abogados inescrupulosos”, dice Hoffmann. “Es cada vez más difícil”.