El costo humano de la Operación Tarmac

09/06/2002

Detrás de los titulares de guerra contra el terror, las declaraciones belicosas y los anuncios sobre la seguridad en los aeropuertos de la nación, detrás de gente preocupada o desafiante, en California hay caras que no son las de terroristas, rostros que por lo general quedan anónimos, relegados y olvidados.

Son las otras víctimas. Son los que sufren por el clima de inquietud y alerta. Son los que caen primero en la búsqueda de presuntos culpables.

Varios centenares de trabajadores perdieron sus empleos en los aeropuertos de California a partir del 11 de septiembre pasado, en el marco de la Operación Tarmac, nombre que se da a una serie de redadas y operaciones en los diversos lugares de trabajo de las terminales aéreas.

Eran indocumentados.

Las redadas se iniciaron en todo el país en noviembre pasado, poco después de los atentados terroristas. En California, los operativos tuvieron lugar del 20 al 23 de marzo; el 21 y 22 de abril y el 22 de agosto, en San Francisco, San José y LAX, Los Angeles, John Wayne (Orange), Long Beach y Ontario. En la última ocasión fueron detenidas 81 personas, y como especificó La Opinión al día siguiente, ninguno de ellos fue acusado de ser terrorista. Varios se declararon ayer ante un juez inocentes de los cargos que el gobierno ha girado contra ellos.

Los arrestados fueron acusados de utilizar números de Seguro Social falsos, lo que puede conllevar hasta cinco años de prisión, y/o de fraude en la utilización de documentos de empleo, por lo que podrían ser condenados a un máximo de 10 años de cárcel.

En los últimos operativos participaron efectivos del INS, el Seguro Social, alguaciles federales, el Servicio Secreto y el Departamento de Vehículos.

La lista negra

Esta es la historia de un grupo de amigos, latinos, que trabajaban en un restaurante de comida rápida en el aeropuerto de Ontario y que perdieron su trabajo porque un jueves llegaron al lugar más de una docena de agentes de policía, efectivos del Servicio de Inmigración (INS), del Seguro Social, con una lista.

«Es una operación que venían anunciando, sabíamos que iban a hacer este tipo de operativos a raíz de lo sucedido el 11 de septiembre [de 2001]. Recibieron una orden de revisar los archivos de todos los empleados en áreas federales con énfasis en su situación migratoria, para excluir a los indocumentados: ésta es la Operación Tarmac», dice Abel Medina, director de la oficina en Ontario de Hermandad Mexicana Nacional.

«Siete estábamos en la lista», dice María, «pero algunos de nosotros ya no trabajábamos en el mismo lugar. Yo me mudé a Fontana hace casi un año, porque compramos casa», dice una de las damnificadas. Ahora, un abogado le recomienda que venda pronto esa casa para disminuir los cargos de fraude con un Seguro Social falso.

La lista de la que habla era la lista de los trabajadores indocumentados en el restaurante de comida rápida, quienes por eso se han convertido para el gobierno en un presunto riesgo para la seguridad nacional. Como consecuencia de la redada, serían privados de sus puestos laborales y algunos arrestados, se iniciaría contra ellos un procedimiento de deportación y sus propiedades legales en Estados Unidos correrían peligro.

«Cuando el INS vino a recoger nuestros papeles en noviembre del año pasado», dice María, «supusimos que sólo era para verificar cuestiones de trabajo. Vinieron muy temprano, como a las seis, y se llevaron los archivos de todos nosotros, con fotos. Se fueron, pero dijeron que iban a volver en febrero. Pero volvieron recién este jueves. Vinieron por nosotros con la lista, con nuestras fotos. A los que no encontraron ahí, los fueron a buscar a su casa directamente.

De madrugada

«Iban vestidos de civil. Como 10, 12. Cuando llegan a un restaurante se ponen en las entradas. Al llegar al aeropuerto se presentaron como INS, pero en las casas se presentaron como agentes del Seguro Social», dice Sergio.

En su primera conversación con La Opinión, Sergio no sabía si su nombre estaba o no en la lista. Luego constató que sí lo estaba. Dos de sus hermanos y una cuñada de él también estaban en la lista.

Tiene dos amigos que fueron capturados en sus casas en la madrugada del jueves, arrestados en la cárcel de San Bernardino por haber utilizado un número de Seguro Social que no les pertenece, y luego dejados en libertad bajo fianza, pero que no pueden acercarse a los aeropuertos.

«Se inició contra ellos procedimientos de deportación, aunque uno de ellos estaba arreglando sus papeles», dice Sergio. Decomisaron sus automóviles y todo lo que esté a nombre de ellos va a quedar inicialmente en custodia de la policía.

«Cuando vinieron al aeropuerto a las 11:30 de la mañana del jueves, alcancé a oír que le decían a la encargada que necesitaban de su cooperación para encontrarnos», dice Ernesto. «Pero no me llevaron a mí». Ernesto regresó inicialmente a su puesto laboral, pero luego lo dejó. «Dejé de trabajar por lo mismo, no podía seguir trabajando, pensando en cuándo van a llegar por mí».

«Buscaban a mi hermano, a su esposa. Al manager le prohibieron avisarles, pero a mí no. Son mi familia. Los llamé del teléfono público y les dije que se salieran de la casa enseguida».

¿Por qué fueron arrestados sus amigos?

«Ellos eran supervisores. Tenían acceso a entrar al aeropuerto sin ser revisados. Tenían una tarjeta –yo no–, que les entregó la gente del aeropuerto después de un examen».

¿Y ahora, qué va a hacer?

«Pienso hasta irme a México, aunque aquí tengo esposa y niño. Tengo más de 12 años de mis 30 aquí, mi vida la hice acá y si me voy a México, voy a tener que batallar para acoplarme otra vez».

Un recorrido por la terminal del aeropuerto luego de las redadas refleja lo sucedido. Los trabajadores latinos en los restaurantes de comida rápida han desaparecido y su lugar es ocupado ahora mayormente por trabajadores afroamericanos. «Un manager de otro restaurante se quedó sin trabajadores. Sólo quedaron los morenos».

Volvieron un lunes

Al cuarto día de la redada, un lunes, volvieron los agentes de la ley y el orden.

«Ayer lunes otra vez fueron. Yo trabajaba en el otro terminal, pero me habló una compañera que le dijeron que iban a volver a ir y que le prohibieron hablar».

La empleada en una organización de ayuda a los inmigrantes avisa que otra de las víctimas de la redada quiere hablar con La Opinión. «Quieren que su caso se dé a conocer, que alguien interceda por ellos, que la gente se entere de lo que están viviendo. Quizás así algo se pueda hacer», dice.

«No queremos que todo quede en secreto entre los afectados y sus victimarios», me dice. La implicada, «Martha», «está aquí porque le avisaron que no viniera a trabajar. Si no, hubiera caído».

Martha está en la lista, pero no la encontraron hasta ahora porque hace poco se cambió de casa. «Pero ahora tiene miedo de que vengan por ella y se la lleven».

Aunque no la encontraron, Martha no vuelve a su trabajo en la terminal. «No voy a seguir trabajando, porque ¿para qué me voy a arriesgar?

«Tengo 16 años viviendo aquí», dice por teléfono. «En el 86 pudimos meter los papeles, por la Amnistía, pero no lo hicimos». Martha tiene dos niños nacidos aquí, de 14 y 12 años, respectivamente. «Son una niña y un niño. Empezaron a estudiar en agosto, él en sexto y ella en octavo grado».

La niña, dice ella, es mejor alumna que el niño. «El solamente quiere jugar».

Para Martha, la situación es difícil, apremiante, casi desesperada: «Mi marido no tiene trabajo por lo mismo. Por papeles». Trabajó dos años «en los contenedores de carros para la basura», en Huntington Park.

La suerte de la lista

La redada del jueves y su continuación el lunes pasado sacudieron las vidas de una decena de familias.

Algunos de los de la lista estaban la semana pasada en Las Vegas, ignorando que aquí, y no en las mesas de ruleta, se estaba echando su suerte. Piensan unirse, para tener mejor suerte en confrontar la gran avalancha de problemas en que ahora se convirtió su vida.

Noé fue puesto en libertad y buscaba un abogado. Pero «los abogados son caros» porque piensan que el caso está perdido, y los defensores públicos federales sólo se ocupan de los casos de inmigración «y no de los trabajos o propiedades o escuelas».

María Ceja, esposa de Francisco, el otro detenido, estaba yéndose de California a Arizona o Texas, porque si la agarran, «los niños se van a quedar solos».