Acusan a empresario de no pagar salarios a inmigrantes
Publicado en La Opinión, 01/23/2004
Cincuenta mujeres de Ontario, California, denunciaron que se quedaron sin trabajo y que no se les han pagado sus últimos salarios porque el propietario de una planta de ensamblaje de Rancho Cucamonga cerró las instalaciones repentinamente y se niega a establecer contacto con ellas.
Veintisiete de estas mujeres, en su mayoría inmigrantes indocumentadas provenientes de México y muchas de ellas madres solteras, ya presentaron sendas quejas ante el comisionado de trabajo de California. Un portavoz del comisionado señaló a La Opinión que es probable que la dependencia inicie una investigación para hallar al propietario presuntamente desaparecido y conminarlo a negociar la situación con las obreras u obligarlo a pagar lo adeudado.
Antes de perder su empleo, estas trabajadoras dicen que vivían en un régimen de explotación y abuso, ya que se les pagaba apenas el mínimo aunque estuviesen trabajando allí por dos, cinco o 10 años; no recibían pago por horas extras ni vacaciones y, según sus denuncias, con frecuencia se les negaba el pago adecuado por las horas trabajadas.
Según las quejas presentadas, durante una inspección preliminar del Departamento Federal de Trabajo el año pasado se obligó a las empleadas a declarar a los inspectores que “todo iba bien” y que se respetaban sus condiciones laborales.
“El lunes 5 de enero llegamos a la fábrica como a las 7:00 de la mañana, como de costumbre. A eso de las 9:00 llegó un camión y vimos que sacaban unas máquinas”. Así comienza a explicar Irma Ruiz la forma en que ella y otras 50 mujeres residentes de Ontario se quedaron sin trabajo.
“Cerraron la fábrica. Nos plantamos allí unas 15 personas. Nos amenazaron con la policía. El martes hicimos un paro allí afuera”, cuenta Ana Gutiérrez, quien luego se encargó de organizar a sus compañeras para pedir lo que les pertenecía: sus salarios no pagados.
Estas mujeres afirman que, de la noche a la mañana, se quedaron sin trabajo cuando Alfred Nerio, el dueño de la fábrica de ensamblaje de partes de baño Al-Pak de la avenida Helms de Rancho Cucamonga clausuró el negocio.
“Mi marido está incapacitado para trabajar”, dice Gutiérrez. “Yo le ayudaba con los gastos de la comida y él paga la renta. Pero ahora nos retrasamos con los pagos. Muchas más están en esta misma situación”
Ruiz tampoco encontró aún empleo. “Me llamaron de la agencia de trabajo temporal para darme unas horas”, dijo a este periódico esta madre de tres hijos. “Nada más”.
El edificio donde hasta hace pocos días residía Al-Pak está ahora vacío. Un cartel a la entrada, al parecer colocado por los dueños del inmueble, reza que ellos dan por abandonada la construcción y que, como no se ha pagado la renta, cambiaron las chapas. Quien quiera sacar cosas de allí, dicen, debe comunicarse con su oficina en la ciudad de Orange.
Los teléfonos de la compañía y el celular de Nerio o están desconectados o no reciben llamadas. En la casa de Fontana donde vive Nerio, su esposa exigió a la activista que la visitó en busca de su marido que no volviera, para luego advertirle que de lo contrario “le enviaría los abogados”. La casa, en un barrio nuevo de la ciudad, está en venta.
Cifras considerables
Las mujeres afirman que se les deben diferentes sumas de dinero. Trabajaban por hora; su rendimiento horario se anotaba en unas tarjetas que el dueño se llevó de la fábrica, junto con la maquinaria y los muebles. Según la demanda que presentaron varias de ellas el viernes 16 al departamento estatal de Relaciones Industriales, lo adeudado fluctúa entre 750 dólares y 4,480 dólares.
“A otras se les debe más”, dijo a La Opinión Irma Ruiz, quien demanda 1,500 dólares. “Cuando vi que andaba fallando con los pagos comencé a cuidarme con las horas. Antes hacía hasta 12 horas por día”. El empleador, repitió, “nunca pagaba horas extra, daba normal y, a veces, cuando hacíamos 88 horas, por ejemplo, pagaba 83 horas y si uno decía que faltan horas, contestaba que en su lista eran 83 y ya estaba”. Ruiz mantiene una libreta donde anotaba su contabilidad de las horas de trabajo. El dueño estampaba las iniciales de su firma como confirmación.
“En este tipo de casos el problema es encontrar a los propietarios”, dice Mayron Payes, encargado de derechos del trabajador en la Coalición de Los Angeles para los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA) , a La Opinión. “Se debe presentar evidencia de que trabajaban allí. Un pagaré, una tarjeta, cualquier papelito que confirme que trabajaban para ese patrón”.
“Las trabajadoras”, agrega Payes, “tienen derecho a presentar demandas individualmente o en conjunto, dependiendo de si toman un abogado que quiera hacer la defensa del grupo”.
‘A la migra’
En más de una ocasión, afirman las empleadas, se intentó convencerlas de que no exigieran el pago que reclamaban. Hasta las amenazaron con denunciarlas a las autoridades migratorias para que las arrestara debido a la condición de indocumentadas de muchas de ellas.
“Fue un sobrino del dueño, de nombre Frank, que solía trabajar allí”, dijo Gutiérrez. “Yo estaba allí, lo escuché”, confirmó Ruiz. “Dijo que nos fuéramos de allí, que él [Noria] está en Tijuana y que iba a llamar a la migra para que nos arresten”. La Opinión no logró establecer contacto con “Frank”, pese a repetidos intentos.
En su desesperación, las mujeres atemorizadas acudieron a Saraí Ferrer, quien trabaja en la sede de Ontario de Hermandad Mexicana Nacional. Esta les ayudó a organizarse y a que 27 de ellas presentaran las quejas.
“Nosotros no nos fijamos en el estatus migratorio”, dijo Tino Serrano, portavoz del Departamento federal del Trabajo. “Bajo la ley federal, todas ellas tienen derechos, sean legales o no. Nosotros nos ocupamos de hacer cumplir las leyes laborales, no migratorias”, recalca.
En el mismo sentido se expresa el portavoz del comisionado de trabajo del estado de California. “Obviamente, hay gente mala, y puede reportar a inmigración a sus empleados”, concede Fryer. “Pero, en California, todo empleado tiene derecho a compensación por su trabajo, por lo menos el salario mínimo”
“Aquí”, recalca, “no pedimos el estado migratorio. No trabajamos con las autoridades de inmigración. No nos interesa. No juntamos la información. Los trabajadores no deben temer de venir a nosotros para presentar sus reclamos, aunque sean indocumentados”.
‘No pagaba’
Noria, cuentan las empleadas, comenzó a atrasarse en los pagos hace seis meses. Un mes completo no les pagaron, afirman. En el caso de las 15 trabajadoras adicionales que laboraban desde sus casas, “fueron dos meses”. Horas extra, jamás. “Nunca pagó overtime”, afirma Gutiérrez. “Decía que apuntaría [las horas] en otra libreta”. Luego de insistir mucho, se les entregó a algunas en concepto de pago parcial un cheque de una nueva y diferente empresa, con el genérico nombre de “A-One”, firmado por María Adriana Jiménez Bedoya, una mujer colombiana que antes fue trabajadora de la empresa y hoy es la segunda esposa de Noria.
Según las trabajadoras, el propietario llevaba años abusándose de ellas. Igual que en muchos otros puestos laborales del estado, se les pagaba el salario mínimo.
“Todas ganaban el mínimo, igual, no importa cuántos años trabajaba”, dice Irma Ruiz. De esta suma, que según se indicó se pagaba al contado y nunca con cheque o talonario, se deducía el 8% como “contribución por los impuestos”. Vacaciones no se pagaban ni beneficios.
“Cuando se le daba sus ganas se atrasaba hasta un mes y nos pagaba la quincena solamente, perdíamos hasta una semana completa de trabajar y se molestaba si le decíamos algo”, cuenta Gutiérrez. “Si eran 480 dólares lo debido nos daba 200 y el resto lo prometía para la próxima semana, y cuando llegaba el momento, nos daba un sobre donde faltaban 40 ó 50 dólares. Ya no se podía reclamar porque se molestaba: ‘Esto te salió y nada más’, decía. Nos confundía mucho”.
La mayoría afirmó que no tuvo dinero para Año Nuevo y Navidad.
Inspección federal
En septiembre pasado, llegó a la fábrica una inspección del Departamento federal de Trabajo, motivada por inquietudes y denuncias que llegaron a sus oídos. El dueño aclaró a las trabajadoras que debían responder positivamente a las preguntas del inspector.
“Nos dijeron ‘tienen que decir esto’. Los inspectores preguntaron si trabajábamos horas extras y cómo las pagaba, si nos daba vacaciones y la hora del descanso, y nos preguntaron si nos descontaba y dijimos que todo estaba bien, porque [de lo contrario] nos iban a correr”, explica Irma Ruiz.
Tino Serrano, portavoz del Departamento federal del Trabajo, confirma lo dicho. “Se abrió una investigación porque se informó que el empleador no había efectuado el pago del salario y los trabajadores temían que cerrara”, dice a La Opinión.
Lamentablemente, agrega, la investigación no siguió su curso porque “muy temprano en el proceso” los responsables comprendieron que carecían de jurisdicción federal, ya que “el negocio producía menos de medio millón de dólares por año”.
“Si tuviésemos jurisdicción”, agrega Serrano, “podríamos perseguir al deudor aunque hubiese declarado bancarrota. Hubiésemos ido a tribunales y tomado posesión de sus propiedades para pagar a los acreedores.”
“Los trabajadores”, afirma el portavoz del gobierno federal, “están muy alto en el orden de prioridades, creo que son segundos, después del fisco”.
“Quisiera decir que los empleados van primero en la entrega de fondos, pero hemos visto lo contrario demasiadas veces”, lamenta por otra parte Payes, de CHIRLA. Esta organización ofrece ayuda en contactar al comisionado laboral y a abogados laborales.
Este tipo de problemas, reporta Serrano, es más frecuente con trabajadores inmigrantes, porque ellos trabajan en industrias donde los negocios se abren y se cierran a menudo, y abundan en trabajos de bajos ingresos.
‘No tengo dinero’
A las exigencias de que pagara los salarios, afirman que Noria se defendía aduciendo no tenía fondos porque su principal contratista, la empresa Coast Foundry, le debía dinero, lo que fue categóricamente desmentido por un portavoz de esta fábrica de la avenida Garey de Pomona que emplea a 195 obreros permanentes y 54 temporales.
“A lo sumo les debíamos 17 mil dólares, y no podemos pagarles eso porque el gobierno federal nos va a pedir una suma similar”, dijo a La Opinión un portavoz de la empresa que insistió en el anonimato. “Pero lo que le debe al fisco es 11 ó 12 veces más”.
Coast Foundry ha dado, a través de una agencia de trabajo temporal, empleo a ocho de los empleados de Al-Pak. “Lo siento por los empleados”, dice el portavoz. “El dueño dañó a muchas personas”.
Juan Mendoza, quien fue administrador de los empleados en la fábrica, también quedó sin trabajo y sin pago. “Tampoco a mí me pagaron, pero no mucho. Yo no tengo nada contra el dueño. Doy la cara, estas mujeres saben donde vivo, somos vecinos”, dijo a La Opinión.
La esperanza de las trabajadoras ahora es que el gobierno estatal, a través de su división de Aplicación de Estándares Laborales, inicie una investigación. “Si hay 20 ó 30 demandas vamos a investigar y podemos comenzar a hacerlo en dos semanas. Depende de las demandas”, promete el portavoz Serrano. “Queremos que todas las empleadas se presenten personalmente en nuestras oficinas para entregar su demanda, porque les están negando un salario que les pertenece y no depende de su estado migratorio”.
